LA REPÚBLICA LLAMA AL PODER JUDICIAL




La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal. En esta oportunidad realizaré algunas observaciones sobre el sistema republicando en época de pandemia.

 

Desde la ampliación de la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, el Poder Ejecutivo Nacional ha dictado una larga serie de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) bajo el argumento de encontrarnos en un estado de emergencia. Dichas normas contemplaron y lo siguen haciendo, diversos aspectos de la vida diaria del país. Desde el aislamiento social, preventivo y obligatorio, hasta las relaciones laborales, pasando por ordenes a las Fuerzas de Seguridad, entre otras. No es el caso en cuestión que motiva estas líneas. Será en otra oportunidad realizar un análisis profundo sobre la regulación de derechos y garantías a través de Decretos de Necesidad y Urgencia, en un contexto de emergencia y no de Estado de Sitio. Este aspecto puede configurar un conflicto en nuestro sistema republicano, pero abordaré la problemática del Poder Judicial.

 

A partir de la publicación del primer DNU por el cual se restringieron derechos y garantías constitucionales fundamentado en la prevención de contraer el virus y evitar su propagación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dictó una acordada declarando la feria judicial extraordinaria por igual plazo que el establecido por el DNU; y en lo sucesivo la declaración correrá la suerte de lo dictado por el Poder Ejecutivo Nacional.

 

Luego de aquella primera acordada firmada por la CSJN, los problemas del Poder Judicial se agravaron. La justicia antes de la pandemia arrastraba numerosos conflictos como ser: problemas edilicios, demoras en los procesos, vacancia de jueces, falta de una verdadera digitalización para poder realizar una actuación procesal completamente online, etc. El virus hizo plantear a todos los trabajadores judiciales como a los abogados litigantes una pregunta fundamental ¿Cómo se estaba trabajando?

 

Sumergidos en más de 100 días de “cuarentena”, la CSJN ha sostenido de forma sistemática la extensión de la feria judicial extraordinaria. Es cierto, también, que los jueces supremos firmaron algunas acordadas que habilitan ciertas acciones judiciales bajo el marco excepcional que reina en el Poder Judicial. Entre ellas se pueden apreciar: (I) la que habilitó las libranzas que sean exclusivamente de manera electrónica de los pagos por alimentos, por indemnización por despido, por accidentes de trabajo, por accidentes de tránsito y por honorarios profesionales de todos los procesos. Pero todo ello condicionado a que, siempre en todos esos supuestos, se hayan dado en pago, y en tanto y cuando lo permita el estado de las causas y así lo considere procedente el juez natural de forma remota. Es decir, el cobro de derechos está sujeto a condicionamientos difíciles de sortear en tiempos extraordinarios; (II) el poder sortear demandas por riesgo de prescripción; (III) litigar siempre y cuando el juez lo considero necesario y urgente; (IV) la finalización de la feria judicial en provincias que han avanzado de fase conforme los protocolos sanitarios.

 

 

 

 

El sistema republicano implica la división de poderes. El Ejecutivo -que sería ilógico que esté de licencia-, el Legislativo -que luego de numerosos reclamos se ha puesto en funciones-, y el Judicial que se encuentra parcialmente activo. Resulta inamisible para el funcionamiento de un estado de derecho, que uno de sus poderes esté en suspenso condicionado a las resoluciones del presidente de la Nación.

 

Es momento de replantear el funcionamiento del Poder Judicial. Avanzar hacia un nuevo esquema de trabajo, en sintonía con las nuevas tecnologías y acorde a las necesidades de la justicia. Celeridad, digitalización, espacios amplios, y mayor amplitud horaria, entre otros aspectos. Diferentes sectores de la sociedad, como escuelas, supermercados, gastronómicos, empresas de servicios, etc. de alguna u otra forma han ideado sistemas de trabajo para sortear los impedimentos que genera el virus. Los protocolos de seguridad e higiene existen, el mundo comienza a activarse nuevamente, pero aún no hay indicios que los servicios de justicia accedan a trabajar de forma completa.

 

Es cierto que las medidas de seguridad e higiene que recomiendan los protocolos no garantizan que no existan contagios ni tampoco que las actividades se desarrollen en su máxima expresión. Estamos atravesando una pandemia por lo cual resulta fuera de discusión poder ejercer los usos y costumbres que veníamos desarrollando como sociedad en materia laboral. Pero tampoco puede utilizarse este momento excepcional que estamos viviendo como argumento para no poder contar con el Poder Judicial como corresponde.

 

El acceso a la justicia es un derecho constitucional. Viviendo en una república es ilógico tener que estar luchando por la apertura completa del Poder Judicial. Sumado ello, donde la tendencia mundial es ir hacia la digitalización e incluso en Argentina la administración pública como el sector privado han dado pasados importantes en la materia, resulta apropiado reclamar que la justicia se suba a esa tendencia.

 

Un Poder Judicial trabajando de forma parcial con condicionamientos meramente subjetivos para funcionar en su totalidad, e incluso ciertos fueros completamente detenidos, constituye, además de un conflicto republicano, problemas económicos a los profesionales que se valen del Poder Judicial para ejercer su trabajo y cobrar sus honorarios. Miles de litigantes, abogados como así también peritos y auxiliares de la justicia, entre otros, ven sus derechos cercenados de forma injusta.

 

Por lo tanto, para finalizar, resulta sumamente necesario para la vida republicana de Argentina, que el Poder Judicial abra sus puertas, avance hacia nuevas tecnologías, garantice la sostenibilidad de los lugares de trabajo y permita a los profesionales ejercer su derecho a trabajar y a los ciudadanos a acceder a la justicia.